RB y Renta Máxima

José Antonio Noguera

Recientemente he tenido ocasión de leer y oír, en distintos contextos en los que se hablaba de Renta Básica, propuestas acerca de establecer también, como complemento necesario, una “renta máxima”. En principio, parece clara la motivación que puede animar tales propuestas: la concentración de riqueza en unas pocas manos, a partir de cierto umbral, puede tener efectos lesivos para la democracia y los derechos ciudadanos, debido al poder de chantaje que sobre gobiernos e individuos tendrán quienes dispongan de tal riqueza; y ello puede ocurrir, se alega, independientemente de que los ciudadanos vean reconocidos sólidos derechos socio-económicos como los que garantiza un Estado del bienestar, o incluso de que se les pague una RB que cubra sus necesidades básicas. A primera vista, por tanto, la cosa parece bastante aceptable para cualquier planteamiento igualitarista y de izquierdas.

Sin embargo, a poco que se examine la idea, creo que surgen más dificultades que ventajas en la misma. Para empezar, hay dos ambigüedades notables en la idea de establecer legalmente una “renta máxima”:

1) ¿Se establecería una “renta” máxima o un nivel de “riqueza” máximo? Se trata de dos cosas harto diferentes. Si fuese la primera, admitamos que sería imaginable, como mera posibilidad fáctica (si bien haciendo un esfuerzo de política-ficción), que el gobierno prohibiese pagar salarios o cobrar rentas de cualquier tipo por encima de una cierta cantidad; pero ¿qué impediría que lo que exceda de ese nivel se tranfiera de otros muchos modos, incrementando así la riqueza personal? Y, sobre todo, ¿qué impediría seguir teniendo poder de chantaje a quienes dispongan de riqueza ya acumulada, o la adquieran de algún modo? Lo primero que hay que cambiar, por tanto, para ser coherentes, es la denominación de la propuesta: estableciendo una “renta” máxima se estaría lejos de haber enfrentado el problema que preocupa a los defensores de la propuesta. Porque, además, no es precisamente la “renta”, en nuestras sociedades, el factor principal que genera esas enormes concentraciones de riqueza que a todos nos preocupan.

Sin embargo, podríamos estar hablando, en realidad, de “riqueza máxima”. Admitamos que podríamos imaginar también la posibilidad fáctica de que el gobierno prohibiese a los ciudadanos estar en posesión de riqueza, cualquiera que sea su forma y origen, por encima de un cierto umbral. En el fondo esta propuesta (como la de una “renta” máxima) consistiría en imponer un tipo impositivo marginal del 100% en el tramo superior de los impuestos de beneficios, patrimonio y sucesiones (como antes en el impuesto sobre la renta). Dejemos a un lado las dificultades de inspección que ello conllevaría, así como las siempre incontrolables rendijas que existirían para “ocultar” la propia riqueza (por ejemplo, poniéndola a nombre de testaferros); ambas dificultades, hoy ya importantes, se verían exacerbadas con la adopción de esta medida.

Pero a mi juicio existiría un problema tanto de eficiencia como de justicia, y ello tanto en el caso de la riqueza como en el de la renta máxima. El de eficiencia consiste en que estaríamos diciéndole a los individuos que más allá de un cierto nivel no tiene sentido que se esfuercen por producir riqueza o por ganar renta, dado que todo lo que produzcan o ganen (y no sólo una parte, por alta que sea) les será cobrado como impuesto; esto es, como mínimo, motivacionalmente contraproducente: estaríamos estimulando que los ciudadanos no desarrollasen óptimamente sus capacidades y talentos (¡y ello incluso en una sociedad socialista!). Por otro lado, habría un problema de justicia: en aquellos casos (sin duda imaginables) en que una unidad más de renta o riqueza se origine en elecciones y esfuerzos libremente asumidos en igualdad de oportunidades, en esa medida, ¿por qué ese esfuerzo debería ser remunerado sólo hasta un nivel X, pero no ya a partir del mismo? No existe justificación en términos de equidad para ello. A menos que se adopte la implausible tesis (y contraproducente para cualquier igualitarista que crea que los seres humanos no somos máquinas deterministas, sino capaces de actuar con libertad) de que toda renta y riqueza, en cualquier sociedad, se genera mediante mecanismos moralmente arbitrarios y causalmente azarosos.

2) ¿Quiénes son los sujetos a los que se debería aplicar la medida, los individuos o las empresas? Si fuese lo primero, nos enfrentaríamos a los problemas arriba comentados. Si fuese lo segundo, lo que tendríamos es un impuesto sobre los beneficios empresariales cuyo tipo marginal sería del 100%, añadido a un impuesto sobre el capital acumulado con el mismo tipo marginal, o bien a una regulación que obligaría a las empresas a partir de un cierto nivel de capital a fragmentarse en varias diferentes. No es necesario decir que estas medidas generarían también los problemas de eficiencia y de justicia comentados, y ello, insisto (porque es importante), también en una sociedad socialista donde las empresas fuesen cooperativas poseídas por los trabajadores.

Mi intuición es que para combatir los problemas que preocupan a los defensores de una “renta máxima”, no hace falta la “renta máxima”, e incluso puede ser contraproducente. La siguiente batería de medidas me parece mucho más eficiente y equitativa: a) Una RB suficiente para otorgar un mínimo de bienestar y autonomía a los ciudadanos, y aumentar la igualdad de oportunidades. b) Un impuesto fuertemente progresivo (pero cuyo tipo marginal no sea el 100%) sobre todos los ingresos sea cual sea su origen (del tipo de los que ya existen o han existido en algunas democracias avanzadas). c) Un férreo control antimonopolio y de garantía de la competencia entre empresas. d) Disposiciones para evitar que el dinero pueda “comprar” poder político, como por ejemplo la prohibición de financiación privada de los partidos políticos. e) Una regulación estricta de los movimientos de capitales y del dumping social.

Lo que hace falta, en suma, no es una “renta máxima” (ni siquiera en una sociedad socialista), sino disposiciones que garanticen que los mecanismos para generar renta y riqueza sean transparentes y equitativos, que exista una cierta igualdad de oportunidades para adquirirlas, y que una vez adquiridas no se puedan convertir en poder político antidemocrático. Desgraciadamente, como tantas veces en la historia y en el diseño institucional, el camino aparentemente más corto y simple puede alejarnos más aún del objetivo, y ello tanto más cuanto más complejas son nuestras sociedades y nuestras economías. Lo que me gusta de la RB es que, a pesar de su aparente simplicidad, es una medida que incorpora la robustez y la elasticidad necesarias en situaciones de alta complejidad social; algo que no aprecio, sin embargo, en la propuesta de la “renta máxima”.